El sector español de la minería del carbón sigue viviendo en una permanente crisis, existente prácticamente desde sus orígenes, de la que difícilmente podrá salir si no se cambia la mentalidad y el sistema de ayudas públicas en el que se basa desde hace muchas décadas. La aprobación del Real Decreto del Gobierno español por el que se seguirá subvencionando el carbón autóctono hasta el año 2014, perjudicando así a las centrales térmicas gallegas que se abastecen de combustible importado tras el agotamiento de sus minas, no es más que un parche que no servirá para curar las heridas de un sector abocado a la muerte.
El Real Decreto, que necesitó contar con la autorización de la Comisión Europea –sin su visto bueno la normativa no podría entrar en vigor al ir claramente en contra de las leyes de competencia y libre mercado–, contempla ayudas de mil millones de euros al año en subvenciones directas a la extracción y el consumo, además de otros 600 millones destinados al sector para formación, reconversión, becas o prejubilaciones.
El decreto nacional del carbón es una reiteración más del Gobierno español por seguir subvencionando y financiando un sector que, por el devenir actual, está sentenciado a morir, dada su escasa rentabilidad y los enormes costes económicos, sociales y medioambientales que su mantenimiento supone para el país.
En la actualidad, el sector da empleo a 50.000 personas, de las que sólo 8.000 trabajan directamente en las minas, mientras que las otras pertenecen a empresas relacionadas con la actividad, como las centrales térmicas. Pese a las considerables sumas económicas recibidas en forma de subvención, empresarios del sector de la minería, como Victorino Alonso y Manuel Lamelas Vitoria, han dejado de pagar nóminas a pesar de figurar entre los mayores receptores de ayudas públicas. Además, el sueldo medio de un minero es de 40.000 euros al año, mientras que las ayudas (directas e indirectas sumadas) superan los 200.000 euros por puesto de trabajo. Como último apunte, cabe recalcar que las comarcas mineras siguen siendo zonas con escasa actividad industrial o empresarial fuera de la minería, dependientes de las subvenciones y en las que el abandono poblacional supone la nota más destacada.
Cuestiones como estas son la mejor demostración de la falta de viabilidad del sector, a pesar de las subvenciones. Otra muestra de ello son los Presupuestos Generales del Estado para 2011 que, más allá de la crisis económica, son un fiel reflejo de por dónde van los tiros: el Gobierno contempla para el próximo ejercicio un recorte del 44,2% de la partida destinada a la reconversión e industrialización del ámbito carbonero, descendiendo a sólo 145 los millones empleados en un programa de desarrollo alternativo para las comarcas mineras.
Historia de una crisis permanente
El sector español del carbón ha vivido desde sus orígenes una situación de incertidumbre que, hoy en día, no ha hecho más que incrementarse. El problema se viene arrastrando ya desde lo años 40, cuando la actividad minera del carbón se mantenía a duras penas gracias a los bajos costes de extracción que suponía contar con mano de obra muy barata. En aquellos años, había alrededor de 83.000 obreros empleados en el sector que recibían sueldos míseros por el trabajo desempeñado.
Entre 1965 y 1973 el crecimiento económico del país supuso una mejora para la actividad carbonera al incrementarse el gasto energético y no existir otras fuentes alternativas. Esto, unido a la crisis del petróleo vivida en la misma época y que convirtió el carbón en la fuente energética principal, permitió al sector vivir uno de los mejores momentos en nuestro país.
A partir del año 1973, la baja rentabilidad de la hulla española provoca que la industria siderúrgica deje de consumirla, sustituyéndola por materia prima importada incentivada por el bajo coste del flete en aquel momento. Este mismo comportamiento es seguido por el sector térmico que, unido al desplazamiento del carbón como combustible para los sistemas de calefacción, acaba por provocar una fuerte crisis en esta actividad económica.
Desde entonces, el régimen de subvenciones y ayudas estatales al sector iniciadas durante la época franquista ha sido y sigue siendo hoy el único sustento de la actividad minera del carbón en España.
A diferencia de otras zonas de Europa, como Escocia o la cuenca del Ruhr, que también tuvieron en el carbón su medio de vida durante buena parte del siglo XX, España no ha sabido adaptarse a los cambios impuestos por la modernización del mercado. En esas zonas europeas la inversión en nuevas actividades, en formación e infraestructuras ha sido clave para no quedar anclados en el pasado.
Galicia en la crisis del carbón
La comunidad gallega ha sido la gran perjudicada con la entrada en vigor del Real Decreto. A diferencia de las otras comunidades mineras, como Asturias o Castilla y León, Galicia ya no cuenta con yacimientos propios de lignito al haberse agotado los existentes.
En este momento, las dos centrales térmicas gallegas tienen sus instalaciones totalmente adaptadas para el consumo de carbón de importación, más rentable económicamente y con mayor capacidad calorífica que el nacional. Tanto la central de Meirama como la de As Pontes han realizado inversiones multimillonarias en sus plantas para poder trabajar con la nueva materia prima, que es penalizada a favor del lignito español. Esto supone graves pérdidas económicas para las empresas propietarias de las térmicas que, muy probablemente, se verán abocadas a desaparecer.
Además, desde el Gobierno gallego y los ayuntamientos donde están ubicadas las dos centrales, se han hecho numerosos esfuerzos por lograr que la nueva normativa no entrase en vigor, ya que supondría un duro varapalo no sólo para las empresas sino para toda la economía gallega, puesto que son muchos los que viven, directa e indirectamente, de esta actividad.
Las principales razones esgrimidas por las administraciones gallegas pasan por que la incentivación del carbón nacional pondría en peligro la supervivencia de las térmicas gallegas, como ya hemos explicado. Pero además, son muchos los transportistas que tienen su medio de vida en el traslado del lignito importado desde los puertos de A Coruña y Ferrol a las plantas de Cerceda y As Pontes, respectivamente.
La rentabilidad del puerto de Ferrol, y del de A Coruña en menor medida, es otro de los factores que pesan a la hora de rechazar el decreto nacional. La millonaria inversión realizada en esta gran infraestructura estaba justificada prácticamente en su totalidad por la actividad generada gracias al transporte del carbón, pero su rentabilidad se verá seriamente afectada si las ayudas al carbón nacional provocan el cierre definitivo de las térmicas gallegas.
Asimismo, los alcaldes de las dos localidades coruñesas que albergan las plantas gallegas ven en el decreto del carbón nacional el punto de partida para que sus ayuntamientos y sus vecinos pierdan el principal medio de vida y la actividad económica que los sustenta.
Para la Xunta de Galicia, la aprobación de esta nueva normativa que permitirá seguir financiando la utilización de hulla española hasta el año 2014 supondrá el paro de las dos centrales térmicas de la comunidad, además de la reducción de los ciclos combinados de Sabón y As Pontes y de los puertos de A Coruña y Ferrol, poniendo en riesgo más de 3.000 empleos y con un impacto económico de 1.200 millones de euros, según ha explicado el propio Conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra.
Desde el autonómico gallego se considera que esta iniciativa penaliza a Galicia después del gran esfuerzo realizado. Resaltan también que la Comunidad gallega ya había cerrado sus minas y realizado importantes inversiones para adaptar y modernizar las instalaciones de las plantas térmicas, así como la creación de los ciclos combinados en Sabón y As Pontes, con el objetivo de reforzar el sistema eléctrico español y cumplir con el protocolo de Kyoto reduciendo sus emisiones contaminantes a la atmósfera.
Problemas ambientales del carbón
Aunque desde el punto de vista económico y social la crisis del carbón es una pésima noticia para Galicia, desde el punto de vista ambiental, el cierre de las centrales termoeléctricas gallegas supondría una nueva esperanza para la protección del medio ambiente.
El carbón nacional se extrae de explotaciones a cielo abierto que conllevan enormes riesgos ambientales. El primero de ellos es el fuerte impacto visual y paisajístico que suponen los yacimientos abandonados que no han sido regenerados. Hasta el año 1982, en España no existía una legislación que obligase a restaurar estos espacios una vez terminada su vida útil, por lo que existen multitud de inmensos socavones en todo el país que siguen implicando un gran riesgo ambiental. En la actualidad, la ley (que no tiene carácter retroactivo) obliga a las empresas concesionarias de las explotaciones a llevar a cabo la regeneración ambiental de las minas que se abandonan. En el caso de Galicia, la restauración del espacio ocupado por los dos yacimientos de carbón ya agotados en Cerceda y As Pontes pasa, simplemente, por inundarlos de agua y convertirlos en lagos. Enormes charcos sobre los que no se han realizado los estudios pertinentes para conocer a ciencia cierta el impacto ambiental y social que van a tener en su entorno natural.
Las emisiones, tanto de gases como de otro tipo de materiales, que genera la actividad minera del carbón es otro de los principales, y quizá uno de los más importantes, riesgos ambientales derivados de ella. Durante los últimos años, las centrales térmicas fueron responsables del 52% de los gases de efecto invernadero emitidos en Galicia, que sólo se vieron reducidos durante 2009 como consecuencia de la parada técnica registrada en las instalaciones de Cerceda. Además del CO2, estas plantas liberan también gases acidificantes (dióxido de azufre), responsables de la lluvia ácida, y metales pesados como zinc, mercurio o arsénico. A esto hay que sumar las emisiones de CO2 que se desprenden del transporte del carbón por carretera desde los puertos hasta las centrales y el producido por los barcos que lo traen desde los lugares de origen hasta Galicia. Eso sin tener en cuenta las emisiones producidas por su extracción.
Otra de las consecuencias para la conservación del medio natural que se deriva del carbón es la incorporación a los terrenos de minerales fundibles o solubles como el azufre o el cobre, dando lugar a su contaminación y degradación, haciéndolos inservibles para otros muchos usos.
En último lugar, cabe destacar el alto impacto que esta actividad tiene en los terrenos donde se desarrolla como consecuencia de las obras de dragado y los altos contenidos hidráulicos que generan un considerable volumen de lixiviados altamente contaminantes para los acuíferos y cursos de agua del entorno.
En definitiva, la minería del carbón es un sector que por sus altos costes económicos, sociales y ambientales sería mejor dejar de sostener a base de ayudas públicas, que, como se ha demostrado con el paso de los años, no hacen más que alargar la agonía de una actividad económica que no es rentable. La producción del carbón como energía eléctrica debería de ser revocada, como hace tiempo que se lleva pidiendo desde sectores ecologistas, a favor de las energías renovables e, incluso hay quien dice, a favor de la energía nuclear, anulando el cese de actividad que recae sobre este sector con la apertura de nuevas centrales que hagan de la energía nuclear una alternativa real más dentro del sistema energético español.
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